Rafael Victorio Ruiz
Cobach-Suicobach
La “estafa maestra chiapaneca” cometida en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) en los años 2017 y 2018 por varios cientos de millones de pesos y en cuyo caso se involucra a los exdirectores Jorge Enrique Hernández Bielma y Guillermo Toledo Moguel, llegó a manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien un grupo de catedráticos y personal administrativo le entregó todo un expediente del fraude cometido con las que denominaron prejubilaciones que hasta ahora no han sido aclaradas.
En su última gira a la entidad, los cobachenses tuvieron la oportunidad de acercarse y explicar la situación que tomó de sorpresa al mandatario federal, porque son más de siete mil los afectados con las “jubilaciones anticipadas” en cantidades que van de los 80 mil a los 300 mil pesos y por lo cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda les sigue cobrando los impuestos o por lo menos enviándoles requerimientos de pago por un dinero que nunca recibieron.
Cuando dimos a conocer ese mega fraude, ya era director Guillermo Toledo Moguel, quien se comprometió a darle una solución e incluso instaló supuestas mesas de atención y darle seguimiento a cada uno de los casos. Ninguno fue resuelto. En esos hechos se involucra a una empresa outsourcing que fue contratada por Hernández Bielma para que realizara el proceso de prejubilaciones con lo que se habrían desviado muchos millones de pesos del Cobach, pero en detrimento del futuro de los trabajadores.
En el caso de la “estafa maestra cobachense”, la carta que entregaron a López Obrador junto con un grueso expediente, explica claramente que en el ejercicio fiscal 2017, se trastocó el patrimonio de los trabajadores al integrar al pago de salarios el rubro de “prejubilación adelantada”, situación que se les ocultó por muchos meses, tanto que se emitían dos recibos, uno para el empleado en el que no aparecía ese concepto y otro para el SAT, en donde se establecía la entrega del recurso a ellos, acusando directamente al exdirector Jorge Enrique Hernández Bielma.
El dirigente del Suicobach, Víctor Manuel Pinot Juárez, estaría implicado en ese asunto, porque de acuerdo con sus compañeros se ha mostrado indiferente ante esa problemática; es más, les ha informado que el problema está resuelto, sin embargo “no tenemos un documento que respalde dichas afirmaciones y por el contrario, el SAT continúa enviándonos requerimientos de pago por la recepción de la prestación” y terminan con una frase lapidaria: “nos sentimos decepcionados por el despojo del patrimonio que nos iba a permitir tener una vida decorosa durante nuestro retiro laboral”.
En las últimas semanas al interior del Cobach y del Suicobach ha surgido otro escándalo relacionado también con el manejo de recursos de los trabajadores, porque la actual directora Nancy Leticia Hernández Reyes, firmó convenios con la empresa Financiera Credifiel para otorgar créditos a los empleados y descontarlos de sus nóminas, como ha ocurrido, pero no han pagado y ahora los cobros se les hacen dobles.
Así que el caso ya llegó al más alto nivel del gobierno federal y se debería de ordenar una profunda investigación al ser miles de trabajadores los afectados con ese fraude, aunque no es un daño momentáneo sino que durará años por tratarse de supuestas jubilaciones anticipadas, cuando todos los empleados siguen con sus actividades normales.
A escena
No solamente es en Mazatán se están creando las policías comunitarias para hacerle frente a la delincuencia ante la incompetencia de las autoridades municipales encabezadas por Gilberto Barrientos Coyotzi; también lo hacen en Cacahoatán, en donde hasta la cenaduría de la familia del alcalde Julio César Calderón Sen ha sido asaltada y en La Concordia, cuya población acusa al edil Miguel Córdova García, de proteger a las bandas. Estos presidentes municipales en lugar de emprender acciones para contrarrestar a los delincuentes lo que han hecho es atacar en las redes sociales a los ciudadanos que se organizan para exigir a las autoridades de todos los niveles de gobierno su intervención… No cabe duda que los dirigentes de organizaciones que lucran con la pobreza de la gente y las llevan a cometer delitos, como el caso de las invasiones, utilizan hasta a personas fallecidas para pretender burlar la ley, como el caso del ejido Cuauhtémoc en el municipio de Suchiate, en donde en las investigaciones apareció el nombre del notario Gustavo Antonio Morales Urioste, ya fallecido, ante quien presuntamente habrían firmado contratos de enajenación y de compra-venta. Las autoridades están obligadas a llegar al fondo del asunto, sobre todo cuando se trata de acciones para el restablecimiento del estado de derecho. En ese caso es la Central Campesina Cardenista la que encabezó la invasión y en la que se involucran a varios actores políticos de la actual administración de Suchiate y Tuxtla Chico… El caso del gran incendio en la selva del Amazonas en Brasil ha llamado la atención mundial por las graves pérdidas ecológicas que se están registrando, lo cual debe hacer reflexionar a las autoridades y a la ciudadanía en general en Chiapas, en donde los daños a los recursos naturales en los últimos años han sido severos, tanto que en la Selva Lacandona se están viendo los resultados al secarse lagunas… Por cierto, llegan reportes que el turismo extranjero que antes llegaba a San Cristóbal de las Casas después de visitar Palenque está cambiando de ruta hacia los estados de Tabasco y Campeche, porque los promotores turísticos internacionales se quejan de la falta de seguridad para circular en las carreteras del norte y selva chiapanecas, ante lo cual algo se tiene que hacer para recuperar la confianza que se perdió en los últimos años… Hasta la próxima. (iM-rrc)
